Prórroga para el pago de arriendos: una ley con el peso de la balanza a favor de arrendatarios

La tasa de empleo adecuado en el país antes de la crisis sanitaria, correspondía al 38,8%,; actualmente está en un 33% y existen estimaciones de que alrededor de 700.000 empleos se seguirán perdiendo. Este tipo de situaciones ha desencadenado otros inconvenientes, uno de ellos: el pago de las rentas.

Tanto arrendatarios de locales comerciales como de vivienda se han visto imposibilitados de pagar sus obligaciones justamente por el tema de liquidez. Entre las principales causas están la desvinculación laboral, reducción de jornada laboral y de salario, cierre de negocios, trabajos del día a día, entre otros, todos relacionados con el confinamiento.

Según el INEC, solo hasta 2012 (cifras más actuales de la entidad), el arriendo de bienes inmuebles representaba un ingreso de USD 62,5 millones para 3,9 millones de hogares ecuatorianos.

 

¿Qué dice la Ley del Inquilinato?

En la Ley del Inquilinato, no existe un artículo específico que se refiera a la figura de caso fortuito en casos que tengan que ver como lo que sucede con el Covid-19, sin embargo, el artículo 23: “Solicitud de rebaja de pensiones”, señala que “el arrendatario puede solicitar la rebaja de las pensiones de arrendamiento cuando el local se halle en mal estado, por el uso natural o por causa de las cuales el arrendatario no sea responsable”.

Basados en la parte final, el arrendatario tiene dos opciones: solicitar una disminución en sus pensiones explicando su situación o un aplazamiento de pago, lo cual debe estar acordado de preferencia por escrito, aunque lo ideal es hacer un adendum al contrato.

 

Buenas intenciones con controversia

El Gobierno Nacional, dentro del “Proyecto de Ley de Apoyo Humanitario “, consideró una medida a tomar en cuenta para el inquilinato. El artículo 8: “Suspensión temporal de desahucio en materia de inquilinato”, señala que “mientras dure el tiempo de confinamiento determinado por el Gobierno, y hasta 60 días después de su conclusión, no se podrán ejecutar desahucios a arrendatarios de viviendas… Para que los arrendatarios puedan acogerse a esta suspensión temporal, deberán cancelar al menos el 20% del valor de los cánones pendientes” y añade una sugerencia: “que arrendadores y arrendatarios se pongan de acuerdo en el monto del arriendo y su forma de pago”.

El pasado 8 de mayo, el “Proyecto de Ley Humanitaria” se aprobó el informe para segundo debate, no obstante, hasta que no se dé el último dictamen no existe nada en concreto para ninguna de las partes; esta ley se ha vuelto un tema controversial, sobre todo, porque se cree que deja de lado los intereses del grupo de personas que viven de las rentas, tomando en cuenta que esta es considerada una actividad comercial.

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