Constructores reunidos/ Fotografía: 123RF

La política de gestión habitacional ¿Coherente con la grave crisis económica del país?

Constructores reunidos/ Fotografía: 123RF

El segundo Informe a la Nación del presidente Moreno exteriorizó su preocupación por resolver un tema de trascendental importancia para el país, potencializar el débil crecimiento proyectado de su economía (0,2 %) a efecto de contrarrestar las tasas de desocupación urbana y nacional, que por hoy muestran signos de preocupación: 9,3 % y 8,0 %, respectivamente.

Propone el respaldo del Estado para potencializar la generación de empleo y la competitividad, justificando así las reformas laborales que se están instrumentando bajo el acuerdo con el FMI, para crear un escenario que ofrezca mejores condiciones para el mantenimiento de las plazas de trabajo existentes -que por sus resultados no son optimistas- [1] y para fondear el crédito productivo dirigido a solventar las demandas de nuevos empleos (210.000) por el crecimiento real de la Población Económicamente Activa.

Sin embargo, llama la atención el descuido que se ha dado a los procesos de gestión de uno de los sectores, que debidamente manejado, crea a corto plazo el mayor número de oportunidades laborales por las sinergias que desarrolla, para incentivar las actividades productivas directa e indirectamente vinculadas a su accionar. Me refiero al sector de la construcción habitacional.

Bajo esta premisa, valdría la pena analizar si el modelo de gestión implementado por el Gobierno, a través del MIDUVI, es el adecuado para posibilitar una eficiente movilización y sostenimiento de recursos, que financien inversiones -en el entorno de la realidad económica del país- dirigidas al desarrollo de un sector que, por sus condiciones deficitarias cualitativas y cuantitativas, requiere de acciones de corto, mediano y largo plazo.

Surge así la vieja discusión. Bajo el rol tradicional de promotor, financiador y constructor de viviendas, ¿se cuenta con un sistema institucional eficiente y con los recursos de inversión  suficientes para producir el mayor número de unidades habitacionales, que generarían a su vez, el mayor número de nuevas plazas de trabajo?

Dada la circunstancia que el país atraviesa, una crisis económica de gran magnitud, se deduce que el principal cuello de botella que afecta el desarrollo de la construcción habitacional es la escasez de recursos financieros.

En este contexto, es necesario analizar los efectos de un  modelo de gestión donde se: i)  privilegia la atención a los sectores de menores recursos económicos, meritorio desde el punto de vista social, más no desde la visión del desarrollo económico; ii) asume la totalidad de los costos de construcción perdiendo de vista sus limitaciones financieras; iii) financia la demanda habitacional, a través de créditos a tasas de interés subsidiadas de la banca pública (BIESS)[2], que genera no solamente una dependencia exclusiva de recursos fiscales y externos, sino deteriora los escasos recursos de inversión para que la construcción inmobiliaria se constituya en el motor del desarrollo del país. La conclusión es obvia.

Hoy, ante el entorno social y económico en el que nos desenvolvemos, el Estado debería proponer un modelo de gestión para el desarrollo del sector que:  i) impulse la intervención activa del sector privado (banca privada; inversionistas inmobiliarios; cooperativas de ahorro y crédito; recursos de los beneficiarios, ONG y otros) a través de una estrategia técnica-política, conducente a movilizar  sus recursos financieros y a competir entre ellos. Así, I) se apoyaría la ampliación de nuevos y diversificados mercados inmobiliarios, cuyos efectos estimularían el incremento de nuevas inversiones productivas y sus efectos en la generación de nuevas fuentes de empleo; II) produzca unidades habitacionales para todos los segmentos de la población[3], ampliando de esta manera su campo de acción y sus consecuentes resultados[4]; III) estimule un ahorro rentable y seguro, para incrementar los recursos de inversión y fortalecer procesos de desarrollo sostenibles; IV) incorpore  a la mayor parte de la población a los procesos constructivos (el 75 % de las familias del país construyen al margen de los sistemas formales), y V) promulgue leyes y reglamentos para corregir los defectos del mercado de viviendas, provea asistencia institucional técnica y financiera y renuncie al control de los procesos constructivos y al financiamiento de la oferta y demanda habitacional.

Bajo estos lineamientos estratégicos, el sector de la construcción habitacional contará con un sistema institucional eficiente, eficaz y equitativo y, a través de sus operaciones, priorizará la inversión y no el gasto.

El principal cuello de botella que afecta el desarrollo de la construcción habitacional es la escasez de recursos financieros”.

1 [Análisis de Coyuntura. Xavier Basantes. Condenados a la Informalidad] que señala que “El último reporte del INEC (Enendu, abril, 2019) estableció que la tasa de empleo adecuado, entre marzo del 2018 y marzo de este año, cayó 3,2 puntos, pasando del 41,1% al 37,9%, concluyendo que unas 260.000 personas se quedaron sin trabajo…”

2 Que requieren de la disponibilidad de recursos inmediatos que son recuperados a largo plazo con pérdidas del valor de los recursos de capital, potencializando el riesgo de la sostenibilidad de la Seguridad Social y  legitimando de esta manera uno de los subsidios más regresivos, ya que  favorecen más a las familias con mayor capacidad de endeudamiento.

3 Constitución de la República del Ecuador 2008.  Art. 30.- “Las personas tienen derecho a un hábitat seguro y saludable, y a una vivienda adecuada y digna, con independencia de su situación social y económica.” Como tal, se supone que el Estado es el responsable de asegurar que toda su población tenga una vivienda.

4 Mayor inversión, más oportunidades de trabajo.

Fuente: Arq. Roberto Carrión Game

Fotografía: 123RF

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