El trámite para derrumbar casas en Ecuador es lento

 

Por el pequeño espacio que queda entre una sábana colgada y un plástico negro, que ahora le sirven de paredes, la mirada de Beida Rodríguez se fija al frente, en el espacio en el que hace dos semanas estaba la casa que compró hace seis años, en el centro de Bahía de Caráquez.

 

Luego del terremoto, ella, su esposo, su madre y dos hijos juntaron -entre la calle y la vereda de una esquina cercana a donde estaba su casa- lo que les quedó de su vivienda y de un negocio de comida rápida del cual se mantenían.

 

La construcción mixta de Rodríguez fue derrocada seis días después del sismo, junto a tres casas más. En el lugar solo queda un terraplén, en cuya base sobresalen pedazos de madera, varillas y cables. En la misma cuadra otras casas están a la espera de ser derribadas, pues el sismo provocó daños graves en sus estructuras.

 

“De mi cuadra, dicen los ingenieros, solo quedará en pie un edificio. Todo lo demás desaparecerá”, cuenta con un tono de desaliento la mujer de 50 años.

 

En la Ciudadela Norte, zona de Bahía donde estaba la mayor parte de edificios de este sector turístico, hay predios limpios donde ya se derrocaron viviendas y se retiraron escombros, pero aun se ven decenas de edificios y casas que aunque siguen de pie tienen daños graves.

 

Hasta el viernes pasado, más de 100 edificaciones se han derrocado en Bahía, informó el ministro de Agricultura, Javier Ponce, a cargo de coordinar los trabajos de ayuda y reconstrucción en esta zona. De 60 casas patrimoniales ubicadas en el centro, explicó, al menos en 15 se ha empezado el proceso de derrocamiento.

 

Alcanzar la aprobación del propietario para derrocar la edificación y la firma de un acuerdo legal son, entre otros, el “cuello de botella” en esta fase de la reconstrucción, dice el coronel Frank Landázuri, comandante del Batallón de Ingenieros 68 Cotopaxi, quien está a cargo de habilitar las vías, proveer de agua purificada, derrocar edificaciones, remover escombros y evaluar daños en Bahía de Caráquez, San Vicente, Canoa y Jama.

 

Cita como ejemplo lo que ocurre en Canoa: de los 2.200 predios en mal estado que se deberían derrocar, se tenía hasta el viernes no más de 100 autorizaciones. “No podemos intervenir, mientras no se cumpla ese protocolo a fin de evitar problemas legales con los propietarios”.

 

La falta de conocimiento legal, la no ubicación de los dueños o el desconocimiento de quién es el dueño de ciertos terrenos serían, en otras causas, los limitantes para avanzar con agilidad este proceso, que es asumido por completo por el Gobierno central y los Gobiernos locales.

 

El ministro Ponce reconoció que para evitar que los derrocamientos arrastren problemas futuros para las autoridades, se está procurando que estos se hagan en común acuerdo con los propietarios.

 

Más al norte, en Pedernales, el Coronel Gonzalo Cordero, director de Operaciones del Cuerpo de Ingenieros del Ejército (CIE), explica que la fase de derrocamientos en la zona urbana arrancó el jueves último con seis casas, que son parte de la lista de 24 estructuras con prioridad por el potencial riesgo que implican.

 

Según cifras iniciales del CIE, hay 1.158 viviendas colapsadas. En Pedernales, el CIE trabaja en coordinación con todos los entes públicos para elaborar los documentos legales que autoricen el derrocamiento. “Yo recibo la orden legalizada para el derrocamiento y procedo, no antes”.

 

Dato curioso:

Un total de 450 efectivos del Cuerpo de Ingenieros del Ejército (CIE) trabajan en Manabí en las evaluaciones de las edificaciones afectadas. En estas tareas también existe el apoyo de docentes expertos en estructuras de la universidad de Búfalo, Estados Unidos, institución en la que se preparan oficiales del CIE.

 

Fuente: El Universo  

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